El pasado día 5 de enero 25 ayuntamientos de la provincia de Cádiz recibieron una carta del ministro de Hacienda en la que se les lanzaba una advertencia: si no enderezan el rumbo al que en su día fueron dirigidos a través de planes de ajustes podrán llegar a ser intervenidos por Hacienda (hasta el punto incluso de ser disueltos).
La lista de los ayuntamientos intervenidos, entre los que se encuentra el de Chiclana, es la siguiente:
- Alcalá de los Gazules.
- Algeciras.
- Algodonales.
- Los Barrios.
- Cádiz capital.
- Conil.
- Chiclana.
- Chipiona.
- Jerez.
- Medina Sidonia.
- El Puerto de Santa María.
- Puerto Real.
- Rota.
- San Fernando.
- Sanlúcar.
- Ubique.
- Vejer.
- Benalup.
- Otros siete municipios de menos población.
Además es importante saber que todos ellos, salvo Chiclana y la capital, incumplen además el periodo medio de pago a proveedores. En relación con esto, en otra carta, Hacienda ya les alertaba del incumplimiento de ese periodo medio de pago cuyo límite está marcado en 60 días, o 30 días a partir de recibir la factura. Además se informaba a los alcaldes de que si no reducía esa marca podrían ver retenida la Participación en los Ingresos del Estado (PIE).
Todos los ayuntamientos, al parecer, habían aprobado en sus respectivos plenos unos planes de ajuste que, al parecer, no han puesto en marcha. Precisamente la aprobación plenaria de esos plenos de ajuste era la condición para que pudieran tener acceso a liquidez a través de los distintos planes que ofrecía Hacienda (como por ejemplo el Fondo de Ordenación, el de Liquidez Autonómica, los créditos para pagar a los proveedores, etcétera). Pero la delicada situación de los ayuntamientos gaditanos, donde casi el 57% de los mismos han sido intervenidos, ha hecho que esos planes no se lleven a efecto. Ahora se está amenazando con un control adicional de la intervención del Estado, e incluso con aplicarles las medidas más duras de la Ley de Estabilidad, donde se incluye la disolución total de la corporación local.
Pero no todos son aspectos negativos, y Hacienda también ofrece soluciones en su carta. La corrección de los planes de ajuste deberá conllevar nuevas medidas que se decidan en los plenos: desde subir el IBI con una revisión catastral equivalente al 50% del precio de mercado a eliminar algunas de las bonificaciones y exenciones de sus impuestos locales, así como reducir algunos de sus gastos.
*Fuente de la información ‘Diario de Cádiz’.
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