Cualquier trabajador autónomo aporta, cada mes, más dinero al sistema de previsión social que cualquier funcionario. Como consecuencia, al final de su vida laboral, los primeros reciben unas pensiones miserables que no alcanza la mitad de las del funcionariado. Estos últimos, sin embargo, pueden llegar al salario completo pese a aportar la cuarta parte que un asalariado del sector privado. Pero, ¿por qué pasa esto? Pues fundamentalmente por la perversa convivencia del RETA (Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos) con el Régimen General y con el peculiar sistema de mutuas que, desde hace casi un siglo, aplica a sus empleados la Administración.
Los autónomos cotizan, en función de si tienen o no la cobertura de incapacidad temporal, el 26,5% o el 29,8% de su base, una especie de salario teórico que oscila entre 919,80 y 3.751,20 euros mensuales. Eso sitúa la cuota entre 243,74 y 1.117,85 euros, aunque el 85% de ellos aporta 275 al mes, que es la mínima con cobertura de baja. Eso supone pagar 3.289,20 euros anuales, que se elevan a 4.284 para los autónomos societarios.
En el caso de los funcionarios del Estado y los transferidos a las comunidades autónomas la cotización (un 1,69% de la base por el trabajador y un 6,67 por la Administración) oscila entre los 88,47 euros del grupo E y los 216,99 del A-1, cifras que multiplicadas en este caso por catorce pagas dan una horquilla anual de 1.238,58 a 3.307,86
Por tanto la aportación máxima de un trabajador público (salvo para quienes accedieron a la función pública después de 2011 y para los mutualistas voluntarios a partir del nivel C2) es inferior a la mínima de un autónomo. También difieren las prestaciones que reciben unos y otros, que salen del mismo fondo.
Los trabajadores por cuenta propia jubilados cobraron en enero una pensión media de 716,25 euros, casi veinte euros por debajo de los 735,90 en los que está establecido el salario mínimo interprofesional (SMI). Para los expertos equiparar las pensiones mínimas con el SMI debería ser la prioridad.
Por su parte las pensiones de jubilación de los empleados públicos se calculan por un sistema acumulativo desde los primeros doce meses que hace que, con salarios teóricos de 16.537 a 40.561 euros, superen los dos tercios de la base tras 25 años de servicio y alcancen el 100% a los 35.
El sistema de los asalariados del sector privado, que requiere 15 años de cotización para recibir el 50% de la base como pensión, también permite acceder al 100% tras otros veinte. Los autónomos, que perciben como retiro un 60% de la base reguladora, necesitan ya un mínimo de veinte años trabajados para comenzar a cobrar.
El elevado coste económico, junto con el temor al desgaste político que generaría el previsible conflicto con las comunidades, hace que ningún Gobierno afronte este asunto.
*Fuente de la información ‘Público’.
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