Según la normativa y la interpretación de la misma que haga el inspector de Hacienda, los centros investigadores pueden desgravarse desde un 100% hasta un 0% del IVA de las adquisiciones de material y equipamiento, o de las subvenciones que reciben del Gobierno. Sin embargo, si la ciencia como tal fuera reconocida como una actividad económica, estas entidades podrían deducirse el total del impuesto. Y esto es lo que está tratando de lograr la alianza de Centros Severo Ochoa y Unidades María de Maeztu (SOMMa) que ha pedido el apoyo de todos los partidos a la enmienda parlamentaria sobre la Ley de Contratos Menores que se discutirá en el Congreso de los Diputados. Si se aprobara dicho cambio se definiría a la investigación también como una actividad de interés general, cuyas aportaciones de la Administración no están sujetas al precio.
Esta problemática es solo una de las muchas a las que se enfrenta la investigación en España, cuyos presupuestos quedaron muy mermados durante la crisis económica (y que aún no se han recuperado). Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el año 2016 la inversión creció un 0,6%, mientras que en el ejercicio anterior lo hizo un 2,7%. De la misma forma descendió la proporción de I+D sobre el PIB al 1,19% (frente al 1,22% de 2015).
Según estos datos España no ha seguido la estela de la media de los países de la UE, los cuales han llegado a aumentar su inversión un 25% en la última década. Aquí el desembolso ha caído un 10%, y en 2016 solo se aplicó uno de cada tres euros que había disponibles para investigación en los presupuestos. Con estas cifras España está perdiendo la competitividad lograda, a la vez que se arriesga a retroceder lo avanzado en los últimos 25 años.
A las dificultades económicas se suman las trabas administrativas derivadas de la entrada en vigor, el pasado 9 de marzo, de la Ley de Contratos del Sector Público, por la que se reduce el importe (15.000 euros) por el cual las compras o contratación de servicios por los centros de investigación deben ir a contrato público.
Por último, pero no por ello menos importante, desde el SOMMa ponen de relieve las limitaciones para incrementar las plantillas y la precariedad laboral de los investigadores. La actividad investigadora no es previsible, algo que conlleva la firma de contratos por obra. Sin embargo la legislación actual impide su encadenación, prohibiendo la Administración realizar contrataciones indefinidas. Lo que se propone es la creación de un nuevo modelo de contrato fijo sujeto a proyecto que asegure al trabajador una indemnización si el proyecto finaliza.
*Fuente de la información ‘Cinco Días’.
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