Este año 2018 se cumple el 40 aniversario de la aprobación por las Cortes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), convirtiéndose este en el tributo más relevante del sistema fiscal español. El IRPF fue una consecuencia de los Pactos de la Moncloa de 1977, que en el ámbito tributario perseguían modernizar un sistema fiscal anacrónico e ineficiente. En su momento recibió una atención mediática discreta y mucho menor que el decreto de medidas urgentes de reforma fiscal de 1977, que en mitad de una grave crisis económica introdujo el impuesto sobre el patrimonio, reguló por primera vez el delito fiscal y aprobó una amnistía tributaria.
Antes de la aprobación del IRPF ya existía un impuesto llamado, popularmente, impuesto sobre la renta. Su nombre oficial era Impuesto General sobre las Personas Físicas. Sin embargo, en opinión de expertos en la materia, ese no era un impuesto como tal, sino más bien una suma de impuestos. No era general, sino discriminatorio, y no era sobre la renta porque carecía de un concepto fiscal económico moderno de renta.
La aprobación del actual IRPF también supuso convertir en tributos locales la Contribución Territorial Rústica y Pecuaria y la Contribución Urbana, que son el origen del IBI actual.
El primer IRPF tenía 28 tramos y tipos impositivos que iban del 15% al 65,5%. En esa época eran habituales los tipos máximos nominales elevados. Por su parte tenía la obligación de realizar la declaración todo aquel que obtuviera ingresos superiores a 300.000 pesetas. El tributo se configuraba como un gravamen que recaía en la unidad familiar, lo que años más tarde originó la primera gran reforma del tributo (aunque era un impuesto sobre las personas físicas)
A partir de 1978, Hacienda lanzó una campaña de concienciación fiscal. De nada servía haber modernizado un impuesto si los contribuyentes escapaban de él. En esos años nació la campaña ‘Hacienda somos todos’, y personajes populares de la época protagonizaron anuncios en televisión. El objetivo era crear algo parecido a una conciencia fiscal en un país donde la picaresca era habitual.
El IRPF nació con tal afán de transparencia que el Gobierno aprobó en 1978 la publicación de los datos de contribuyentes. Las llamadas ‘listas’ se colgaban en las sedes de Hacienda y cualquier español podía bucear en los inmensos tomos para conocer, con nombres y apellidos, las declaraciones de sus conciudadanos. Las listas se publicaron en 1979 y 1980. Sin embargo esta práctica se suprimió en 1981 después de que ETA secuestrara al empresario Luis Suñer (este aparecía como el español con más ingresos en la lista inaugural que publicó Hacienda en 1979).
Pero la primera gran reforma del impuesto se produjo en 1991 como consecuencia de una sentencia del Tribunal Constitucional (TC). Los 12 magistrados, por unanimidad, aseguraron que los matrimonios tenían derecho a realizar la declaración de forma individual, algo que el tributo no contemplaba. Además la obligación de declarar de forma conjunta violaba la intimidad económica conyugal. A partir de entonces el impuesto hizo honor a su nombre y se puso el foco en la persona física y no en la familia. Aun así, se dejó la opción de la tributación conjunta, que aún hoy se mantiene y que resulta interesante en aquellos casos en los que solo un miembro de la pareja trabaja.
Uno de los cambios más evidentes a lo largo del tiempo en el IRPF es la reducción de la tarifa y de los tramos. En 1978, el impuesto contaba con 28 escalones, en 1991 ya eran 17 y desde 2001 se limitan a cinco.
A pesar de que el impuesto ha sufrido multitud de reformas la recaudación en sí ha mostrado una cierta estabilidad. En 1978, primer año con el nuevo tributo, la recaudación se situó en torno al 4% del PIB. En 1989 superó el límite del 7% y, desde entonces, se ha movido en torno a este nivel. El récord de recaudación se logró en 1992, cuando el IRPF aportó a las arcas públicas el equivalente al 7,9% del PIB. El año pasado, la recaudación superó los 85.000 millones, el máximo histórico en términos nominales y representa el 7,4% del PIB.
En la actualidad el 50% de la recaudación del IRPF va para las comunidades autónomas, que han ido ganando capacidad de actuación. Cataluña ha desarrollado un papel fundamental en este proceso. Los Gobiernos autonómicos tienen hoy competencia para modificar los tramos y tarifas en la mitad del impuesto, por lo que la estructura del IRPF es distinta en cada comunidad autónoma. Andalucía (junto con Cataluña, Aragón o Murcia) mantiene un impuesto por encima de la media en prácticamente todos los tramos. Ejemplo: un asalariado con una nómina anual de 25.000 euros brutos paga 3.745 euros por IRPF en Andalucía, un 6,9% más que en Madrid, por ejemplo.
La evolución de la declaración de la renta en estos 40 años también refleja el avance de la tecnología. Los españoles han pasado de hacer cola para comprar un impreso para presentar la declaración a poder realizar este trámite desde un teléfono móvil. De hecho en la actual campaña de declaración de la renta la principal novedad es la puesta en marcha de una aplicación móvil que permite a los contribuyentes descargarse sus datos fiscales y presentar la declaración a través del teléfono.
*Fuente de la información ‘Cinco Días’.
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