Tamaño, escasez de medios, exceso de normativa legal y la brecha digital son solo algunas de las debilidades más recurrentes de nuestras pymes. Una especie de mobbing institucional cuyo caldo de cultivo es una cantidad ingente de legislación ambigua y contradictoria, algo que permite abusos por parte de determinadas empresas o instituciones.
Sin embargo nuestras pymes y autónomos proporcionan empleo al 67% de los trabajadores españoles, y aportan el 65% del PIB. Esto bien las hace merecedoras de una protección adecuada, y de ahí la entrada en vigor el pasado mes de marzo de la Ley de Contratos del Sector Público. Esta se ha ocupado de las pymes, mejorando su accesibilidad a la enorme tarta de la licitación pública, y eliminando las arbitrariedades que permitían el alargamiento de los plazos de pago.
Esta nueva Ley ya no permite, en ninguna circunstancia, pactar plazos de pago distintos a los legales. Esto evitará el truco de pagar mediante pagarés o con plazos tan escandalosos como 240 días. Otro aspecto clave es el hecho de que la Administración se otorgue, a sí misma, un plazo máximo de 30 días para la aprobación de certificaciones (hasta el momento algunas entidades públicas se permitían el lujo de periodos de 6 meses o más para certificar las facturas).
La aprobación de la Ley de Contratación Pública es solo una condición necesaria, pero no suficiente para atajar la morosidad en nuestro país. Falta ponerle la guinda del pastel, que no es otra sino sancionar el incumplimiento de la ley, es decir, castigar los incumplimientos de los plazos de pagos entre empresas y entre éstas y la Administración.
Por tanto, y para que la Ley de Contratos del Sector Público no caiga en saco roto, es necesario que los partidos políticos se pongan de acuerdo y sean capaces de asegurar que nuestras pymes cobrarán por su trabajo en plazo.
*Fuente de la información ‘El Economista’.
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