En España existe un alto nivel de descentralización, y buena prueba de ello son las modificaciones fiscales en las comunidades autónomas. Esto en un problema para ciudadanos y empresas, los cuales tributan de forma muy diferente en función del territorio en el que se residan.

Según un informe reciente del Consejo General de Economistas las autonomías en España cuentan con 82 impuestos propios, y acometen cientos de cambios normativos que dificultan el entendimiento y el control del sistema fiscal en conjunto. En 2017 llevaron a cambio 732 modificaciones, 200 más que en 2016. Además, y según los expertos en la materia, este lío con los impuestos apenas trae beneficios en forma de recaudación. El 82% de los ingresos autonómicos sigue llegando de manos de su participación en los grandes impuestos estatales, mientras que los propios apenas dejan una cosecha del 2,2% de la recaudación total. El resto del dinero se obtiene a través de impuestos cedidos como el de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones o Transmisiones Patrimoniales.

“Se ha exagerado la capacidad normativa”, aseveran desde el Consejo General de Economistas, que advierten de “cierto caos normativo” en tributos como el de Sucesiones y Donaciones “donde, a veces, ni siquiera se aclara si las reducciones aprobadas son propias o mejoran la norma estatal”. Tampoco escapa el IRPF, el tributo que más cambios sufrió en 2017, con un total de 220. Y ello pese a que se trata de uin impuesto de carácter estatal en el que las competencias regionales son muy limitadas.

La Constitución fija que cada Comunidad Autónoma tiene la facultad de establecer impuestos propios, y pueden hacerlo siempre y cuando:

  • No establezcan figuras ya gravadas por las corporaciones locales o por el Estado.
  • No afecten a negocios, actos y hechos de otras autonomías.
  • No supongan un obstáculo para la libre circulación de personas, mercancías o servicios.

Cataluña es, desde hace tiempo, la comunidad que mayor número de impuestos propios concentra, con un total de 18. Además esta región ha tratado de utilizar su capacidad normativa hasta el límite por una situación de infrafinanciación, y 3 de sus 18 propios impuestos han sido declarados inconstitucionales. Por ello los expertos piden a los políticos que consideren el coste y beneficio de implantar determinadas figuras, y debería ser obligatorio, antes de crear un impuesto, realizar un análisis coste-beneficio por parte de las autonomías (principalmente en el caso de los impuestos medioambientales).

Andalucía, nuestra comunidad, ostenta la segunda plaza del ranking, con ocho impuestos como el de tierras infrautilizadas, residuos peligrosos y emisión de gases a la atmósfera, entre otros.

Por su parte los impuestos locales están regulados en una Ley estatal que otorga cierta potestad normativa a los municipios para la regulación de los tributos, fijando unos límites mínimos y máximos, así como otros aspectos relacionados con los beneficios fiscales.

*Fuente de la información ‘El Economista’.

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