A principios de este mes de agosto el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez decidió endurecer el plan contra la explotación laboral, y para ello preparó un refuerzo del llamado ‘Plan Director’. Este cambio permite a los agentes realizar visitas a las empresas por la noche y los fines de semana. El objetivo no es otro sino acabar con el abuso en la contratación temporal y a tiempo parcial.

Hasta el momento la Inspección de Trabajo ha enviado unas 50.000 cartas a empresas de nuestro país en las que ha detectado indicios de fraude laboral. Para ello las compañías han sido seleccionadas a partir de los datos informáticos de la Inspección de Trabajo, la Tesorería de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria.

Con este aviso la Inspección busca que las empresas puedan corregir su situación irregular (en caso de tenerla) antes de recibir la visita de un inspector y ser sancionadas.

Sin embargo la Inspección de Trabajo está saturada, y para poder aplicar esta estrategia la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, prevé que se incorporen 833 nuevos inspectores y subinspectores (la cifra representa un aumento del 23% del total de la plantilla, que quedó congelada durante la crisis).

Por su parte el Gobierno afirma que no se puede esperar a que la Administración convoque nuevas plazas para la Inspección del Trabajo. Esta vía, como todos sabemos, es un proceso bastante lento, con unos plazos establecidos, y el Ejecutivo necesita resultados de lucha contra el fraude laboral ya.

De ahí la siguiente solución que contempla el ‘Plan Director’, que no es otra sino que los inspectores puedan contar con la colaboración activa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, aunque sin especificar en qué consistirá. Es decir, lo que busca el Gobierno es poder convertir en autoridad laboral a  policías nacionales, municipales, guardias civiles, ertzainas y mossos d’Esquadra, de forma que estos puedan acudir a una empresa a realizar una inspección de trabajo y levantar un acta sobre irregularidades laborales.

La idea es que los policías hagan revisiones previas para enviar después, toda la información, a los inspectores y subinspectores que vigilan el cumplimiento de las normas laborales.

Como es de suponer la normativa ha desatado algunas críticas, especialmente entre los colectivos de inspectores de Trabajo. Aunque desde el Gobierno se empeñan en afirmar que se trata de una medida para acabar con la impunidad de quienes se están saltando la ley y abusando de los trabajadores.

*Fuente de la información ‘El Confidencial’.

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