Tras semanas de incertidumbre para bancos, consumidores y comunidades autónomas el Supremo dictaminó ayer, después de 16 horas de tensa deliberación, que será el cliente, y no la entidad financiera, quien debe asumir el pago del impuesto asociado a la constitución de hipotecas.
El fallo, que supone volver a la doctrina original del tribunal tras el giro de sus últimas tres sentencias favorables al cliente, proporciona un importante alivio económico al sector financiero y a las regiones que cobran el tributo. Sin embargo esta no garantiza el fin del debate jurídico, y el fallo amenaza con erosionar la imagen del Supremo.
La sentencia es fruto de una votación muy ajustada. De los 28 magistrados reunidos, 15 votaron en contra del cliente, mientras que otros 13 se mostraron a favor de que sean las entidades quienes paguen.
De haber fallado en contra del sector bancario el Supremo habría tenido que matizar los efectos retroactivos de la sentencia. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya barajaba este escenario, estimando hace unos días que el importe que las comunidades autónomas hubieran tenido que devolver y habrían exigido abonar a la banca serían los 5.000 millones de euros pagados por los clientes en los últimos cuatro años (desde enero de 2014).
El sujeto pasivo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) de las hipotecas ha sido objeto de una larga controversia legal y judicial. Aunque el Supremo declaró, en diciembre de 2015, que las cláusulas hipotecarias que obligan al consumidor a correr con todos los gatos de constitución de las hipotecas son nulas por abusivas, la jurisprudencia venía matizando que en el caso del impuesto era el cliente quien debía hacerse cargo del pago.
Así lo ratificó la Sala Primera de lo Civil, el pasado febrero, cuando sentenció que es el consumidor quien debe abonar el tributo. El pasado 16 de octubre, sin embargo, la Sección Segunda de lo Contencioso-Administrativo, especialista en materia fiscal, decretó que el reglamento de 1995 debía ser anulado porque el banco es el beneficiario directo de la inscripción del préstamo y, por tanto, quien debe correr con el pago del impuesto de AJD.
El resultado de la votación ha sorprendido incluso a la propia banca, que temía un fallo en contra y se preparaba para plantar batalla legal. El sector venía advirtiendo de que las dudas causadas por los últimos pronunciamientos han ralentizado la firma de hipotecas en las últimas semanas, a la vez que amenazaba la seguridad jurídica sobre la que se sustenta el sistema.
Los abogados especializados en litigios de consumidores contra la banca anticipan que el fallo del Supremo acabará siendo elevado por algún juez de instancias inferiores ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), como ya ocurrió con el caso de las cláusulas suelo.
*Fuente de la información ‘Cinco Días’.
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