La Inspección de Trabajo en nuestro país es un cuerpo superior de la Administración del Estado, y ha tenido que adaptarse a la realidad social actual. Hace 30 años era impensable que un trabajador interpusiera una denuncia, por ejemplo, por acoso. Sin embargo estas cada vez son más generalizadas, y la actuación inspectora no podía ser la misma que la de una inspección de seguridad de una máquina.

Pues bien, esta profesión en evolución se ha topado con un nuevo fenómeno, inédito hasta ahora en el mercado laboral: muchos trabajadores con una rotación elevada, y cuya empresa no sigue el modelo tradicional, sino que funciona a través de aplicaciones y webs (plataformas como Deliveroo o Glovo). La cuestión es cómo se puede detectar la existencia de una contratación fraudulenta en este tipo de casos.

El Plan Director por un trabajo digno 2018-2020 refuerza las inspecciones de control, tanto desde el punto de vista de la planificación de las actuaciones como en lo que se refiere al número de visitas en los centros de trabajo, utilizando para ello todas las medidas que disuadan de tales comportamientos en las empresas (incluidas las sancionadoras).

La actuación de la inspección se lleva a cabo por tres vías:

  • Control rutinario, es decir, cuando el propio trabajador informa a la inspección de su condición de autónomo al requerir la identificación. A partir de aquí, si se comprueba que su aportación al trabajo no reúne las características del trabajo autónomo, se inicia la investigación. Y si se concluye que la relación jurídica que mantiene con la empresa debería ser calificada como de relación laboral por cuenta ajena, se inicia el correspondiente expediente sancionador.
  • Denuncia previa, la cual se realiza a través del buzón anónimo del ministerio o por medio de reclamación directa del trabajador afectado. En estos casos la confidencialidad de la denuncia es un principio básico de la actuación inspectora, y nunca se revela la identidad del denunciante.
  • Reclamación de los sindicatos. Normalmente esta se produce en aquellos casos en los que el fraude es generalizado en una empresa.

Por su parte la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social califica como infracción grave no haber comunicado o cursado el alta del trabajador en el Régimen General de la Seguridad Social. Por lo tanto, tras la visita de la inspección, si se concluye que el trabajador mantiene un vínculo laboral con la empresa, ésta se enfrenta a una sanción que puede llegar a ser cuantiosa (especialmente para las compañías cuya estructura de personal recae fundamentalmente sobre falsos autónomos). Aquí se aplica lo que se conoce como el principio de sanción por trabajador, y el importe de las multas oscila entre los 3.126 euros a 10.000 euros por cada infracción detectada.

Aunque se trata de un fenómeno global, la forma de abordarlo jurídicamente difiere de un país a otro. En España, la base jurídica para afrontar esta nueva realidad la encontramos en el Estatuto de los Trabajadores, así como en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que definen y delimitan las notas características del trabajo por cuenta ajena. En este sentido los expertos apuntan que no sería necesaria una regulación específica de este tipo de contratación, ya que no tiene singularidades que la hagan merecedora de un tratamiento jurídico distinto (más allá de las tecnológicas).

*Fuente de la información ‘Expansión’.

Share This