El Anteproyecto de creación y crecimiento de empresas tiene por objeto el impulso de la creación de empresas y el fomento de su crecimiento, tanto a través de la mejora regulatoria y eliminación de obstáculos como mediante el apoyo financiero al crecimiento empresarial.

Algunas de las medidas más llamativas que se contemplan son:

  • La creación de una Sociedad de Responsabilidad Limitada con un capital social de 1 euro.
  • La agilización de los trámites para la constitución de una nueva Sociedad.
  • La incorporación de incentivos para el cumplimiento de los plazos de pago.

Sin embargo existe una medida que no ha tenido tanta repercusión y que reviste cierta trascendencia: la obligatoriedad de la factura electrónica entre empresarios y autónomos en sus relaciones comerciales.

Actualmente, están sujetas a la obligatoriedad de aceptación de facturas electrónicas por parte de la Administración:

  • La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y las Entidades que integran la Administración Local.
  • Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social.
  • Los Organismos autónomos, las Universidades Públicas y las autoridades administrativas independientes.
  • Los consorcios y otras entidades de derecho público que no se financien mayoritariamente con ingresos de mercado. Se entiende que se financian mayoritariamente con ingresos de mercado cuando tengan la consideración de productor de mercado de conformidad con el Sistema Europeo de Cuentas.
  • Las Diputaciones Forales y las Juntas Generales de los Territorios Históricos del País Vasco en lo que respecta a su actividad de contratación.

Así, todos los proveedores que hayan entregado bienes o prestado servicios a la Administración Pública podrán expedir y remitir factura electrónica. En todo caso, estarán obligadas al uso de la factura electrónica y a su presentación a través del punto general de entrada que corresponda, las siguientes entidades:

  • Sociedades Anónimas.
  • Sociedades de responsabilidad limitada.
  • Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de nacionalidad española.
  • Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en territorio español.
  • Uniones Temporales de Empresas.
  • Agrupación de interés económico, Agrupación de interés económico europea, Fondos de Pensiones, Fondo de capital riesgo, Fondo de inversiones, Fondo de utilización de activos, Fondo de regularización del mercado hipotecario, Fondo de titulización hipotecaria o Fondo de garantía de inversiones.

Como excepción a esta obligatoriedad, las Administraciones Públicas podrán excluir reglamentariamente de esta obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

Sin embargo, cuando un proveedor presenta una factura electrónica emitida en el marco de las relaciones jurídicas con una Administración Pública, si la Administración destinataria está incluida entre las obligadas a la aceptación de facturas electrónicas, deberá aceptar dicha presentación aun cuando el importe de la factura pudiera ser inferior o igual a 5.000 euros. 

Por tanto no será potestad de la Administración decidir si admite o no la factura electrónica, sino del proveedor decidir si, en estos casos, presenta o no factura electrónica.

*Llegada de la factura electrónica

El uso de la factura electrónica en España no está realmente muy extendido, aunque en los últimos años se está produciendo una digitalización acelerada de la economía española.

La obligatoriedad de la factura electrónica entre empresarios y autónomos en sus relaciones comerciales conllevaría:

  • Que los empresarios y autónomos den acceso a los programas necesarios para que los destinatarios de las facturas las puedan leer, copiar, así como descargarlas e imprimirlas de forma gratuita.
  • Que los destinatarios de las facturas puedan consultarlas por medios electrónicos durante, al menos, los últimos cuatro años.

Habría que desarrollar los requisitos técnicos y de información a incluir en la factura electrónica a efectos de verificar la fecha de pago y obtener los periodos medios de pago de las empresas.

Así mismo, el incumplimiento de dichas obligaciones constituirá una infracción administrativa consistente en apercibimiento o multa de hasta 10.000 euros, según: 

  • Grado de culpabilidad o existencia de intencionalidad.
  • Continuidad o persistencia en la conducta infractora.
  • Naturaleza y cuantía de los perjuicios causados.
  • Reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa.
  • Volumen de facturación del prestador responsable.
  • Número de personas afectadas por la infracción.
  • Gravedad del riesgo generado por la conducta.

Con la promoción del uso de la factura electrónica en operaciones entre empresas y autónomos se pretende:

  • Digitalizar las relaciones empresariales.
  • Reducir costes de transacción.
  • Facilitar la transparencia en el tráfico mercantil. 
  • Atajar la morosidad en las operaciones comerciales.

*Subvenciones previstas para su implantación

Dado el coste que la implantación de este nuevo sistema supone, se han propuesto programas de subvenciones que permitirán la adquisición e implantación masiva de soluciones de digitalización, en particular el Programa Digital Toolkit, dotado con más de 3.000 millones de euros en subvenciones. 

Previamente se les hará a las empresas un diagnóstico, donde se valorará el nivel de madurez digital. Con él, las empresas podrán identificar sus necesidades de digitalización, entre ellas la de adopción de la factura electrónica, obteniendo una subvención para asegurar su implantación efectiva.

Para poder acceder a estas subvenciones se incluye un nuevo requisito, no pudiendo obtener la condición de beneficiario las empresas que incumplan los plazos de pago. Deberán presentar para ello una declaración responsable ante el órgano concedente de la subvención.

*Plazos y vigencia

La idea inicial es conceder un mayor periodo de tiempo de adaptación a las empresas de menor tamaño. Así, podemos distinguir dos plazos distintos en función del importe de facturación:

  • Empresas y autónomos cuya facturación anual sea superior a 8 años. Deberán implantar dicha obligación de la factura electrónica al año de su publicación en el BOE.
  • Resto de empresas y autónomos. Deberán implantar dicha obligación de la factura electrónica a los 3 años de su publicación en el BOE.

Resulta lógico que las empresas de menor tamaño cuenten con un periodo transitorio de 3 años para la implementación de la factura electrónica obligatoria, mientras que las grandes empresas, con mayor músculo financiero, encaren la transición en una primera etapa.

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