El Tribunal Supremo va a decidir, finalmente, si la prestación por maternidad que cobran las madres durante el tiempo que están de baja está, o no, exenta en el IRPF (esta subvención se puede compartir también con el padre). El Alto Tribunal admitió a trámite, en enero, el recurso de casación de la Abogacía del Estado.
El debate sobre este asunto no es nuevo, y la cuestión alcanzó su punto álgido cuando una sentencia de julio de 2016 dio la razón a una contribuyente y estableció que la prestación por maternidad estaba exenta del IRPF. Esta decisión puso en alerta a Hacienda, la cual se apresuró a señalar que la sentencia era un caso aislado y que su postura se mantenía firme. Para la Agencia Tributaria la prestación por maternidad que abona la Seguridad Social tiene la consideración de rendimiento de trabajo y, como tal, está sujeta al impuesto sobre la renta. Además, meses después de la sentencia de julio, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía avaló la postura de Hacienda. Nos encontramos que, ante dos casos análogos, distintos Tribunales Superiores de Justicia han dictado sentencias en sentido totalmente divergente. Por ello le tocará al Supremo poner paz.
Pero, ¿de dónde viene este conflicto? Procede de una redacción confusa de la ley, en concreto del artículo 7, letra h, de la ley del IRPF, que dice lo siguiente: “….Igualmente estarán exentas las demás prestaciones públicas por nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad”….”También estarán exentas las prestaciones públicas por maternidad percibidas de las comunidades autónomas o entidades locales”. Desde Hacienda interpretan que este último párrafo determina una clara diferenciación en el sentido de que solo declara exentas las prestaciones por maternidad autonómicas y locales.
El Supremo deberá decidir qué interpretación prevalece, y si se inclina a favor de la tesis del TSJ de Madrid o del TSJ de Andalucía. En el caso de que se incline por el primero se calcula que más de un millón de contribuyentes podría reclamar devoluciones a Hacienda, con un impacto que superaría los 1.000 millones de euros.
*Fuente de la información ‘Cinco Días’.
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